El trabajo sexual en la Ciudad de México es una actividad compleja y conocida que se desarrolla entre la necesidad económica, la tolerancia social y la falta de regulación. Aunque la capital mexicana ha reconocido, a través de resoluciones judiciales, que esta actividad no constituye un delito ni una falta administrativa, la gran mayoría de las personas que ejercen el trabajo sexual continúan operando en la vía pública o en zonas estigmatizadas, como La Merced, Calzada de Tlalpan o la alcaldía Cuauhtémoc, que concentran la mayor parte de la actividad. Esta situación de limbo legal obliga a quienes lo ejercen a enfrentar el día a día sin la protección laboral mínima.
Esta precariedad se agrava por el perfil de la población que ejerce esta actividad. Encuestas recientes indican que la principal motivación para ingresar al trabajo sexual es la necesidad económica y la falta de oportunidades en el mercado formal. Un porcentaje significativo de las personas inmersas en ella cuenta con educación básica o sin instrucción, y más de la mitad utiliza los ingresos obtenidos como fuente principal para el sustento de sus familias. El ejercicio del trabajo sexual se convierte así en una opción de supervivencia que, si bien ofrece una flexibilidad de horarios para algunos, contrasta dramáticamente con jornadas de seis o siete días a la semana para la mayoría, en un intento por asegurar su subsistencia.
Las problemáticas más severas enfrentadas por las personas trabajadoras sexuales son la violencia y la discriminación sistemática. Se estima que alrededor del 60% de quienes ejercen la prostitución en la CDMX han sufrido algún tipo de violencia, que va desde agresiones por parte de clientes hasta extorsión o maltrato por parte de la policía, quienes en ocasiones les imponen multas injustificadas. La estigmatización no solo proviene de la sociedad o la autoridad, sino que también se hace presente en otros ámbitos como la negativa de acceso a servicios de salud o la dificultad para conseguir vivienda.
Frente a este panorama, diversos colectivos y organizaciones de trabajadoras sexuales han mantenido una lucha constante por el reconocimiento formal de su actividad como trabajo. Exigen la creación de marcos normativos que garanticen seguridad social, acceso a la salud y a la justicia, y que diferencien claramente la actividad autónoma de la trata de personas. La meta de estos movimientos es pasar de la mera tolerancia a la regulación y el respeto, logrando que la Ciudad de México brinde derechos plenos a quienes, por elección o necesidad, ejercen este oficio.
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